A casi una década de la entrada en vigor plena del sistema penal acusatorio, las fiscalías del país continúan estancadas en prácticas del modelo anterior, con 2.6 millones de casos pendientes, bajo nivel de confianza ciudadana y un uso excesivo del archivo temporal, advirtió México Evalúa.
En su estudio Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia, la organización señaló que las fiscalías son el punto neurálgico del Sistema de Justicia Penal, pues sin su modernización el resto del sistema queda estancado y la impunidad se mantiene.
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De acuerdo con el diagnóstico, al cierre de 2024 había más de 2.6 millones de casos sin concluir en las fiscalías de México, cifra que no incluye las determinaciones enviadas al archivo temporal, por lo que el rezago real podría ser todavía mayor.
El reporte advierte que, aunque la reforma penal obligó a transitar de expedientes escritos a investigaciones orientadas a audiencias orales, en la práctica buena parte de las fiscalías mantiene lógicas burocráticas del pasado, centradas en “integrar” carpetas de investigación y no necesariamente en construir casos sólidos para llevarlos ante un juez.
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Según el estudio, 34.42% de los casos iniciados son enviados a esta figura, que está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que no representa una solución para las víctimas.
Jalisco y Oaxaca superan 70% de casos enviados a archivo temporal
México Evalúa alertó que el archivo temporal, lejos de ser una medida excepcional, se ha convertido en un componente estructural de operación de las fiscalías; incluso, entidades como Jalisco y Oaxaca superan 70% de casos enviados a archivo temporal respecto del total de carpetas iniciadas en 2024.
En las 19 entidades que respondieron solicitudes de información, el robo concentró 45.79% de los casos enviados a archivo temporal, seguido de violencia familiar, con 12.14%; otros delitos, con 11.18%; lesiones, con 7.11%, y daños, con 5.92%.
El estudio también exhibe una subutilización de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias: De los 2 millones 91 mil 647 delitos registrados en carpetas de investigación del fuero común durante 2024, México Evalúa identificó 821 mil 923 casos que potencialmente podrían resolverse mediante justicia alternativa, equivalente a 39.3%.
Sin embargo, frente al universo de casos que tenían las 32 fiscalías estatales ese año, sólo 3.22% alcanzó un acuerdo reparatorio cumplido en sede ministerial, lo que muestra una brecha entre las herramientas disponibles y el uso real que las instituciones hacen de ellas.
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Con base en la ENVIPE 2025, 62.9% de las personas que identifican al Ministerio Público y a las fiscalías estatales considera que existe corrupción en estas instancias; además, las fiscalías tienen apenas 33% de confianza agregada entre la población que las identifica.
29 fiscalías en México no usan cámaras corporales sus policías de investigación
En otro de los hallazgos citados en el reporte, de 29 fiscalías analizadas prácticamente ninguna usa cámaras corporales en sus policías de investigación y en 20 entidades tampoco cuentan con sistemas de localización de patrullas o vehículos oficiales. La excepción es Querétaro, que reportó contar con ambas tecnologías.
En materia de órdenes de aprehensión, el diagnóstico apunta que su cumplimiento es un indicador clave de la capacidad operativa de las fiscalías y de su coordinación con las policías de investigación: Tlaxcala fue la entidad con mayor efectividad en 2024, con 93.8% de órdenes ejecutadas, aunque con una carga baja de 258 mandamientos. En contraste, Guerrero sólo ejecutó 2.1% de las órdenes obtenidas.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025, 26 fiscalías estatales funcionan como órganos constitucionalmente autónomos; Baja California Sur e Hidalgo conservan el modelo de procuraduría, mientras que Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco, aunque cambiaron el nombre a Fiscalía, siguen dependiendo del Poder Ejecutivo.
Para México Evalúa, la autonomía no debe entenderse como aislamiento institucional, sino como una obligación reforzada de rendición de cuentas; en ese sentido, el reporte plantea fortalecer la carrera ministerial, profesionalizar al personal, modernizar los sistemas informáticos, mejorar la coordinación con policías de investigación, transparentar indicadores y diseñar planes de persecución penal con metas medibles.
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Buenas prácticas de transparencia
En marzo de 2025, la organización envió 165 solicitudes de información a fiscalías estatales y a la FGR; recibió 112 respuestas completas, 21 incompletas, 12 rechazadas y 18 quedaron sin respuesta hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre las buenas prácticas de transparencia, el estudio destacó a Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro y Zacatecas. En contraste, recomendó a la Ciudad de México, Colima, Morelos, Nayarit, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y la FGR mejorar sus prácticas, debido a que la mayoría de sus respuestas fueron nulas o incompletas.