Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se definió que un magistrado debe abandonar su cargo al revertirse la suspensión definitiva otorgada por una jueza de Distrito, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció en contra, al considerar la estabilidad de las personas juzgadoras como una garantía para la sociedad.
Al analizar la revisión del incidente de suspensión 5/2025, para que una persona continúe desempeñándose en el cargo de magistrado, la ministra recordó un precedente de la extinta Segunda Sala del Alto Tribunal.
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En aquella ocasión, en cumplimiento al artículo 1 Constitucional, se reconoció el derecho de quienes recibieron el nombramiento como magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y obtuvieron una evaluación favorable, al cumplir también los requisitos legales para continuar en el cargo.
La ministra Esquivel precisó que si bien en este caso el quejoso reclamó el oficio en el que no se le tuvo por designado en el cargo de magistrado de Sala Regional, también lo es que aún debe decidirse en un juicio de Control constitucional si tal determinación se encuentra debidamente fundada y motivada.
Mientras eso ocurre, se deben mantener los efectos de la suspensión otorgada por la jueza de Distrito, a fin de salvaguardar los derechos humanos que se estiman vulnerados.
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Asimismo, refirió que el quejoso tiene calificación positiva de su desempeño como juzgador, lo que permite concluir que la sociedad se verá beneficiada con la continuación en el cargo de esa persona, que demuestra desempeñarlo con las exigencias propias de la administración de justicia.
Esquivel Mossa resaltó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que precisó que de la independencia judicial se derivan las garantías de estabilidad e inamovilidad en el cargo, de lo que no sólo se beneficia el quejoso, sino principalmente, el pueblo.