La dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) alista su contrapropuesta de reforma electoral que se presentará este jueves en sus instalaciones.
Jorge Álvarez Máynez, el dirigente nacional de MC presentará la iniciativa acompañado de diputados, senadores. Adelantaron que la iniciativa está orientada a la democracia, más participación y menos costo para los ciudadanos.
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En contraste, el diputado emecista Pablo Vázquez Ahued, en entrevista con 24 HORAS, externó que la bancada aún se encuentra en el análisis de la reforma electoral que envió el Ejecutivo Federal. Sin embargo, refirió que tiene varias ambigüedades que se deben matizar en leyes secundarias.
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Aunque resaltó que la iniciativa busca bloquear la representación política en los órganos legislativos y la fórmula que se plantea por parte del Ejecutivo, en materia de representación proporcional, el modelo abre la puerta a más litigios, juicios electorales y será más costosa la democracia.
“Se busca reducir la pluralidad política en el Congreso de la Unión, se busca disminuir, bloquear la representación política en estos órganos legislativos y que la fórmula que se está planteando por parte del Ejecutivo en materia de representación proporcional, porque no la eliminan, sino que cambian el modelo, es un modelo que genera más ambigüedad, más confusión y por lo tanto va a abrir la puerta a más litigios, a más juicios electorales y que, irónicamente, eso va a ser más costoso para la democracia”, advirtió.
El diputado emecista refirió que el modelo planteado en la representación proporcional beneficia a Morena y genera un espacio para que tenga una mayor sobrerrepresentación del partido en el Congreso de la Unión.
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En materia de Inteligencia Artificial refirió que la iniciativa comete un “error” en cargarle dicha regulación a las empresas de radio y televisión. Dicha supervisión debería recaer en la autoridad electoral.
“Comete el error de cargarle esta regulación a las propias empresas de radio y televisión, a los concesionarios, cargándoles una responsabilidad que no les toca, que en todo caso le debería tocar a la autoridad electoral supervisar, vigilar y hacer cumplir esas disposiciones. Entonces sí genera un esquema un poco confuso, contradictorio y que incluso es inconstitucional al cargarle a particulares responsabilidades de vigilancia que tendrían que ser del Estado”, afirmó.