La audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) imputaría de manera inicial a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quedó suspendida por la jueza Diana Selene Medina, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente.
A la activista y académica se le imputaría el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, debido a que por años ha recibido una pensión vitalicia de Pemex de manera ilegal.
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La razón de la juzgadora fue devolver el expediente a la FGR para que la pueda presentar a la autoridad en la se abrió la carpeta de manera inicial, es decir, a alguna autoridad jurisdiccional federal con sede en el Reclusorio Norte.
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El caso sigue abierto y el regreso del expediente permitiría que la Fiscalía decida si continúa con el proceso, por lo que tendría que llevar las diligencias al Reclusorio Norte y se citaría a una nueva audiencia, lo mismo sucedería con los dos funcionarios de Pemex relacionados con la autorización de la pensión vitalicia.
'No existe sesgo en judicialización de la carpeta de investigación contra María Amparo Casar': FGR
La Fiscalía General de la República señaló, el fin de semana pasado, que no existe sesgo en la judicialización de la carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de la MCCI, por presuntamente obtener de forma ilegal una pensión vitalicia de Pemex.
En una publicación, en su cuenta de X, la Fiscalía, ahora dirigida por Ernestina Godoy, señaló que la judicialización se inició en septiembre pasado, es decir, en la gestión del fiscal Alejandro Gertz, por lo que se revisaría que la carpeta se haya integrado conforme a Derecho.
“Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”.
La Fiscalía aseveró que “trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
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En mayo de 2024, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera se habló del caso de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo ya fallecido de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“Esta señora, junto con un intelectual mexicano, (Héctor) Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirle que modificaran el dictamen, que no apareciera ‘suicidio’, sino que apareciera ‘accidente’, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Finalmente se resolvió que fue suicidio; sin embargo, en Pemex omitieron eso los funcionarios y lo dieron como accidente, y procedió el pago del seguro y procedieron las pensiones”, dijo el director de Pemex, Octavio Ramírez.