Un nuevo ataque de Estados Unidos contra una lancha sospechosa de narcotráfico en el Pacífico oriental dejó cuatro muertos y reavivó el escrutinio sobre la campaña marítima del gobierno de Donald Trump.
El Comando Sur afirmó que la embarcación, operada por una organización “designada terrorista”, transportaba droga en una ruta del contrabando. Con este operativo, el número de fallecidos ascendió a 85 en acciones similares registradas desde septiembre en el Caribe y el Pacífico.
También te puede interesar: The New York Times demanda al Pentágono por supuesta violación del derecho a la información
El episodio ocurre en pleno debate por el doble ataque del 2 de septiembre en aguas del Caribe, donde una intervención que dejó 11 muertos —incluidos dos sobrevivientes que fueron alcanzados por un segundo misil— encendió una disputa abierta en el Congreso.
Legisladores de ambos partidos cuestionan si la operación, que forma parte de una campaña de 22 ataques desde septiembre, pudo haber violado normas del derecho de guerra.
Sobrevivientes eran 'objetivos'
El almirante Frank M. Bradley, jefe del Mando de Operaciones Especiales, defendió su decisión ante los comités de Inteligencia y Servicios Armados, asegurando que los sobrevivientes seguían siendo “objetivos” al mantener contacto con otra nave.
Esa “interpretación” permitió lanzar un segundo misil pese a que la lancha estaba destruida. Demócratas consideran esa lectura insostenible y advierten que los hombres estaban incapacitados para continuar cualquier operación.
También te puede interesar: Trump amenaza con ataques en tierra en Venezuela
La administración Trump sostiene que existe un “conflicto armado” con cárteles y que los presuntos traficantes son “combatientes”. Expertos en derecho internacional rechazan esa doctrina y recuerdan que las normas del derecho de guerra prohíben atacar a náufragos o individuos fuera de combate. El propio manual del Pentágono precisa que las órdenes de “disparar al naufragado” son ilegales.
El Congreso revisa si hubo una orden verbal para “matar a todos”, extremo que Bradley negó. Casos recientes agravan las dudas: en un operativo de octubre en el Caribe, dos sobrevivientes fueron entregados a Colombia y Ecuador, lo que revela inconsistencias.
