La Unión Europea dio un paso decisivo hacia el endurecimiento de su política migratoria al aprobar un paquete de medidas que permitiría crear “centros de retorno” fuera del bloque para migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.
La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea, responde al ascenso de la derecha y la extrema derecha, y busca reforzar tanto el control de llegadas como las expulsiones. Su entrada en vigor dependerá aún de la ratificación del Parlamento Europeo.
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El proyecto contempla sanciones más severas contra quienes se nieguen a abandonar territorio europeo y abre la puerta a trasladar a migrantes a terceros países considerados “seguros”, incluso si no son sus lugares de origen. La presión política no ha disminuido pese a que las entradas irregulares cayeron 20% respecto al año anterior.
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“Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que
controlamos lo que está ocurriendo”, señaló el comisario europeo Magnus Brunner, uno de los arquitectos del giro restrictivo.
La propuesta divide al bloque. Bajo el impulso de Dinamarca, que ejerce la presidencia rotatoria de la Unión Europea, los Veintisiete avanzan con rapidez y exhiben una “voluntad política ampliamente compartida”, según un diplomático europeo. Sin embargo, España y Francia mantienen reservas. Madrid duda de la eficacia de los “centros de retorno”, tras experiencias fallidas en otros países.
'Unión Europea opta por políticas migratorias que expondrán a más personas al peligro'
Las organizaciones defensoras de los migrantes denunciaron que las medidas suponen un retroceso humanitario. “La UE opta por políticas que expondrán a más personas al peligro y a la inseguridad jurídica”, advirtió Silvia Carta, de PICUM.
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El paquete cuenta, además, con el apoyo activo de diputados de derecha y extrema
derecha, que la semana pasada sellaron una alianza en el Parlamento Europeo.
Los Veintisiete alcanzaron igualmente un acuerdo sobre un nuevo sistema de reparto de solicitantes de asilo. Para aliviar a los países más presionados los Estados miembros deberán recibir a parte de estas personas o, en su defecto, aportar 20 mil euros por solicitante a sus socios.