El pleno de San Lázaro avaló la reforma en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en la cual establecen penas más severas. Con 452 votos a favor de los diversos grupos parlamentarios, el dictamen pasó a su discusión en lo particular.
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La reforma incrementa las penas contra los delitos ambientales 2 a 10 años de prisión. También aumentan las sanciones económicas para el tráfico de totoaba, pudiendo llegar hasta 12 mil días de multa, con el objeto de frenar una de las cadenas criminales más dañinas para el ecosistema del Golfo de California.
También se incorporan nuevas conductas delictivas y agravantes, se integran al Código Penal nuevas figuras que hoy son necesarias en los delitos contra el ambiente, las descargas ilegales en mantos acuíferos, los daños a ecosistemas críticos como manglares, humedales, lagunas, pantanos y arrecifes.
Asimismo, las agravantes por incendios provocados con fines de lucro y las sanciones a quienes financien o encubren el tráfico de especies. Todo ello con base en las diversas propuestas legislativas analizadas por los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia en este dictamen.
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De igual forma, se fortalece la actuación de las autoridades ambientales. Entre ellas, el quebrantamiento de sellos ha sido uno de los delitos que más burlan en el país.