Organizaciones civiles y abogados a favor de los derechos humanos hicieron una petición al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, para que ejerza su facultad de veto para una ley por la cual se crea la figura de custodia para las personas con discapacidad.
A punto de cumplirse un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Ricardo Adair Coronel Robles, quien se amparó en contra de la sentencia de un juicio de interdicción, ahora la Asamblea Legislativa capitalina lejos de adecuar las leyes a este fallo, crea nuevas figuras legales para controlar la autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad.
Por ello, agrupaciones vinculadas a la defensa de personas con limitantes físicas y mentales pidieron al ejecutivo local que impida que dicha norma que fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la ALDF el 10 de junio , se publique en la Gaceta del DF.
La iniciativa, fue presentad por el diputado perredista, Adrián Michel Espino, y votada por unanimidad con 44 votos a favor, y sin discusión alguna en la Asamblea, y ahora la autonomía de los discapacitados se dará a través de dictámenes médicos en psiquiatría y no con base a fundamentos sociales, y hechos reales sobre sus capacidades, denunció el abogado, Andrés Aguinaco Gómez Mont.
Detalló que no existe fundamentación real para la modificación del artículo 450 del Código Civil, e incluso no se tomó en cuenta la opinión de los discapacitados, así como de organismos gubernamentales dedicados a su defensa como el Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del DF (Indepedi); el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred); y el Programa de Derechos Humanos del gobierno del DF.
“Se crea la figura de la custodia, de la patria potestad prorrogada y la custodia temporal, lo que significa la cimentación del sistema médico y de sustitución en la toma de decisiones.
“Se refuerza el modelo anterior de que las personas con discapacidad no pueden llevar y conducir su vida por sí mismos. En lugar de cumplir con la Convención (por los derechos Humanos de Personas con Discapacidad) y construir un mecanismo de apoyo en la toma de decisiones, refuerza el modelo anterior y que tanto hemos peleado. Es un modelo paternalista”, denunció el abogado.
En el dictamen presentado se elimina la distinción entre incapacidad natural y legal y se propone regular las limitaciones con base a la minoría de edad o la incapacidad decretada en una sentencia de juicio de interdicción.
Además que se plantea que especialistas en psiquiatría elaboren guías que deberá aprobar el GDF para auxiliar al juzgador en la comprensión de la variedad de situaciones temporales o permanentes que generen incapacidad y los distintos grados.
“… se crea una nueva figura, la custodia, la cual podrá ser provisional, interina o definitiva, según la situación correcta. La figura está dirigida a proteger a las personas a quienes se les ha detectado vulnerabilidad en su aptitud para comprender en su totalidad las posibles consecuencias de sus actos y por lo tanto requieren de asistencia y consejo pero conservan facultades suficientes para tomar decisiones sobre su vida y su patrimonio”, argumentó el asambleísta.
El “estado de interdicción” es cuando una persona es declarada judicialmente como incapaz por carecer de aptitudes generales para gobernarse, cuidarse, y administrar sus bienes, por lo que debe ser sometido a la guarda de un tutor.
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