La Secretaría de Hacienda informó que, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en Estados Unidos dentro del caso relacionado con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.
De acuerdo con la dependencia, un tribunal del estado de Florida, con sede en Miami, condenó a integrantes de la familia Weinberg y a empresas vinculadas al pago de 578.5 millones de dólares como reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado mexicano.
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La resolución deriva de un procedimiento civil promovido para recuperar activos presuntamente relacionados con un esquema ilícito de contratación pública ligado a García Luna durante su paso por el gobierno federal.
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Según Hacienda, durante el juicio se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos utilizados para obtener contratos públicos de manera indebida, así como para transferir y ocultar recursos derivados de dichas operaciones.
La UIF señaló que el caso se sustentó en un amplio conjunto de pruebas integrado por documentación financiera, testimonios y elementos obtenidos mediante cooperación jurídica internacional.
Más sentencias contra contra García Luna y su esposa
Esta nueva resolución se suma a las sentencias emitidas en mayo de 2025 contra García Luna y su esposa, las cuales superaron los 2 mil 448 millones de dólares.
Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano relacionadas con este esquema de corrupción asciende a más de 3 mil 67 millones de dólares.
La Secretaría de Hacienda indicó además que la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos localizados en distintas jurisdicciones internacionales para su venta y aplicación parcial al pago de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
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La UIF agregó que dará seguimiento al cumplimiento de este acuerdo en coordinación con autoridades competentes tanto en México como en Estados Unidos.
Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso para combatir operaciones de lavado de dinero, recuperar recursos públicos y fortalecer la cooperación internacional contra actos de corrupción financiera.